La mencionada Ley pretende promover la restauración ecológica a través de la siembra de árboles y la creación de las denominadas “Áreas de Vida” en todo el territorio nacional.  Así, bajo esta premisa, la Ley 2173 obliga a medianas y grandes empresas a:

1. Elaborar y presentar un programa de siembra de árboles ante la autoridad ambiental competente,
2. Determinar la cantidad de árboles que se deberán plantar en función del número de empleados de la empresa,
3. Obtener el certificado llamado “Siembra Vida Empresarial, y
4. Reportar las acciones implementadas a las autoridades ambientales competentes.

Teniendo en cuenta lo anterior, desde Muñoz Tamayo & Asociados nos ponemos a su entera disposición para acompañarlos en el cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley 2173 de 2021. De esta forma, nuestra asesoría puede consistir en la realización de un diagnóstico personalizado para determinar el alcance de la norma sobre su empresa, la asesoría en la selección de predios para realizar los programas de siembra y/o la gestión de trámites y presentación de reportes ante la autoridad ambiental competente, entre otros.

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El proyecto de reforma laboral ha superado una etapa clave con su aprobación en la Cámara de Representantes, marcando un avance significativo en su trámite legislativo. Ahora, el proyecto continuará su curso en 2025 con debates en el Senado, donde se analizarán los artículos aprobados y se decidirá sobre su viabilidad. Si recibe una votación favorable, pasará a un segundo debate antes de su posible sanción presidencial.

Durante las discusiones en la Cámara, se introdujeron modificaciones para equilibrar las necesidades de los distintos actores laborales. Esto ha generado posturas encontradas sobre su impacto en el mercado de trabajo. Sindicatos y movimientos laborales apoyan la iniciativa por considerar que mejora las condiciones laborales y fomenta la formalización del empleo. En contraste, gremios empresariales y analistas económicos advierten sobre posibles efectos en los costos laborales, la competitividad y la sostenibilidad de las PYMES.

La aprobación de la reforma dependerá de factores clave como el consenso entre trabajadores y empleadores, la viabilidad económica de sus disposiciones y el respaldo político en el Congreso. Alcanzar acuerdos equilibrados será fundamental para lograr un punto medio entre la protección de los derechos laborales y la estabilidad empresarial.

Las empresas deben prepararse para posibles cambios en la estabilidad contractual, modificaciones en la duración de licencias, la reducción de la jornada laboral y regulaciones más estrictas sobre el teletrabajo. También podrían enfrentar ajustes en cargas laborales, procesos disciplinarios y evaluación de desempeño, lo que implicará revisar procedimientos internos y capacitar al personal.

Aunque la reforma plantea transformaciones relevantes en el mercado laboral, aún debe superar dos debates legislativos y enfrenta fuerte oposición, lo que hace incierta su aprobación en el corto plazo. Su futuro dependerá de la capacidad de concertación y del análisis detallado de sus efectos en la economía y la sociedad.

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Los miembros de la junta directiva son elegidos por la asamblea general de accionistas y, en conjunto, conforman el órgano administrativo de la sociedad. Este, es un órgano colegiado, cuyas decisiones se toman por mayorías, por lo que la opinión de cada uno de sus miembros es esencial para que se adopte una determinada decisión.

¿Por qué es importante contar con todos los miembros de la junta directiva?

Son los accionistas, según sus porcentajes de participación en la sociedad, los que pueden designar uno o más miembros de la junta, pero, una vez conformada, esta se convierte en un órgano independiente de la sociedad en donde están representados diferentes intereses de los accionistas. Sin embargo, aunque esté conformada por individuos, esta actúa de forma conjunta y cada uno de sus miembros resulta esencial. Cada uno representa una posición y unos intereses determinados en la junta y crea un balance a la hora de tomar decisiones. Una junta directiva en su integridad permite que en su interior se reflejen las diferentes posiciones de los grupos de accionistas de la sociedad. Por eso mismo, cuando esta sufre la pérdida de uno o más de sus miembros cambian las mayorías al interior de la junta directiva y se afecta el balance de intereses que existía anteriormente.

Cuando esto sucede, lo que se debería hacer es celebrar una reunión extraordinaria de la asamblea general de accionistas en la que se nombre el reemplazo de los miembros que se retiraron o que por alguna razón no pudieron completar su periodo, para así lograr recomponer la junta directiva y procurar su adecuado funcionamiento.

¿Qué es un miembro independiente en una junta directiva y por qué es importante?

Según la Ley 964 de 2005, como mínimo, las juntas directivas de sociedades emisoras de valores deben contar con un 25% de miembros independientes. Sin embargo, esto puede variar según los estatutos sociales y se puede llegar a exigir un porcentaje mayor dependiendo de la sociedad. Aunque, en una junta directiva, no todos los miembros son independientes, estos protegen el interés social de accionistas mayoritarios que solo buscan sus propios intereses.

Una vez elegidos, los miembros de la junta directiva ya no representan el querer individual de los accionistas, sino que deben buscar el beneficio de la sociedad en su conjunto. Un miembro independiente es aquel que no depende personal, laboral o comercialmente de la sociedad de la cual es miembro de forma directa o indirecta. Es aquel que no tiene algún parentesco o negocio con alguno de sus accionistas y que, por ende, puede votar al interior de la junta directiva con libertad, solo buscando el mejor interés de la sociedad y no protegiendo alguno de los intereses individuales de sus asociados.

En las juntas directivas el miembro independiente juega un papel clave al volverse un contrapeso del accionista mayoritario y un protector de los accionistas minoritarios. Este favorece el buen funcionamiento de la junta y promueve el equilibrio dentro de la sociedad, ya que busca que las decisiones se tomen en beneficio de toda la sociedad y no solo de un grupo particular de accionistas, evitando el control excesivo de un solo accionista sobre las decisiones administrativas de la empresa.

En esa medida, resulta de vital importancia que cuando se produzca la vacancia de un miembro independiente de la junta directiva se proceda de manera inmediata a designar su reemplazo.

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El estudio se centra en la importancia de la protección y el fortalecimiento del Estado de Derecho, entendido, no solo como el conjunto de reglas formales en un sistema jurídico, sino en elementos esenciales y sustanciales, como la protección de los derechos humanos y la adhesión y el respeto al derecho internacional. En el informe se denuncian los ataques sistemáticos que han erosionado profundamente el Estado de Derecho en el mundo y se revela que, por sexto año consecutivo, el también llamado Rule of Law ha disminuido en el 59% de las 150 jurisdicciones del mundo que fueron evaluadas.

Las conclusiones que se alcanzaron en el ejercicio son, entre otras, las siguientes: (i) que existe una sólida correlación entre un Estado de Derecho fuerte, protegido por un sistema judicial justo, efectivo y accesible, y el porcentaje del PIB que se destina a la investigación y el desarrollo, lo cual significa mayor innovación para la sociedad; (ii) que un Estado de Derecho fuerte fomenta mayores niveles de inversión, toda vez que ese elemento es una de las tres consideraciones que tienen las multinacionales al decidir sus inversiones, junto con “la facilidad de hacer negocios” y “un ambiente político estable”; (iii) que los servicios legales emplean aproximadamente a 20 millones de profesionales y generan 14 millones de empleos indirectos. También precisa (a) que aunque los abogados solo representen el 0.25% de la población mundial, generan aproximadamente USD 1.6 trillones de valor económico o 1.7% del PIB mundial, bien sea de forma directa o indirecta; (b) que los abogados actúan como creadores de paz al prevenir que escalen disputas y hacer que las partes lleguen a acuerdos justos, alcanzando consensos que reducen la alta congestión judicial y (c) que los abogados cumplen el rol fundamental de apoyar el Estado de Derecho, informando al público sobre sus derechos y deberes y protegiendo las libertades fundamentales.  

Precisamente, teniendo en cuenta la importancia del Estado de Derecho, de la independencia de poderes y de lo que esto implica en el desarrollo económico, hace unos pocos días, el Instituto de Derechos Humanos de la IBA (IBAHRI) también hizo un llamado al Presidente Petro para que respete la independencia del poder judicial, la separación de poderes y se abstenga de desacreditar a los jueces por cumplir con su deber. El IBAHRI también manifiesta su preocupación por la interceptación de comunicaciones de altos funcionarios de la rama judicial y la propuesta de una reforma constitucional a través de mecanismos distintos a las normas previstas en la Constitución.

Estos importantes mensajes de la comunidad internacional deben ser tenidos en cuenta por los gobiernos de los países en desarrollo, como Colombia, en donde entender esta estructura resulta fundamental, si se quiere promover la iniciativa privada y atraer la inversión extranjera.

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¿Qué es un RSE?

El proyecto de ley define los RSE como aquellos que, por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y composición, no pueden ser manejados, tratados o dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo. Bajo el entendido que esta es una definición muy amplia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá, dentro de los 10 meses siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley, realizar estudios para generar una lista de los residuos objeto de la misma y, posteriormente, ajustar esta definición. Sin embargo, los Residuos Peligrosos se excluyen del ámbito de aplicación de esta norma, pues continuarán siendo regulados por la legislación vigente.

¿Qué implicaría esta Ley?

Algunas de las disposiciones más relevantes que propone este proyecto de ley:

1. Se prohíbe la introducción, importación o exportación de los RSE, así como su disposición o recepción en rellenos sanitarios, cuando sean potencialmente aprovechables.
2. Los RSE solo podrán ser exportados con fines de aprovechamiento y valorización cuando exista una aceptación por parte de las autoridades competentes del país al que se hará la exportación y con autorización previa de la ANLA.
3. Establece que el productor de los RSE tendrá una responsabilidad extendida por todo el ciclo de vida del producto fabricado, imponiendo una solidaridad entre el generador y el receptor. Asimismo, esta responsabilidad solidaria subsistiría hasta que el RSE sea aprovechado como insumo final cumpliendo con todos los estándares para que el mismo no represente un riesgo para la salud humana o el ambiente.

¿Qué sanciones prevé este proyecto de Ley?

El capítulo V del proyecto de ley establece un proceso sancionatorio especial, cuya potestad sancionatoria recaería sobre en el Estado, a través de las Autoridades Ambientales, Aduaneras, Sanitarias, de Transporte y policivas. Resulta importante poner de presente que las sanciones allí planteadas se aplicarán de manera adicional a las previstas en la Ley 1333 de 2009.

Las sanciones variarán dependiendo de la infracción y podrían ser una amonestación escrita, multas diarias sucesivas hasta de 30 SMLMV, sin que puedan superar los 10.000 SMLMV, decomiso definitivo de productos o artículos, suspensión o cancelación del registro mercantil hasta por 3 años, cancelación de licencias de comercialización de productos que generen RES, cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio, o incluso la revocatoria de licencias, permisos concesiones y/o autorizaciones ambientales. Por último, se destaca que este proyecto de ley pretende que las sumas que sean recaudadas por concepto de multas sean destinadas a un fondo que tendrá como fin desarrollar programas de investigación, desarrollo e innovación aplicada al aprovechamiento de RSE y al financiamiento de los sistemas de gestión integral de estos residuos.

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En el pasado, no había discusión por cuenta de decisiones de la Junta Monetaria (hoy Junta Directiva del Banco de la República – JDBR). En Resoluciones Externas del Banco de la República como la 87 de 1983, 57 de 1991, 53 de 1992 y 6 de 1999 se establecieron límites máximos a las tasas de interés para las operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el país con entidades financieras del exterior.

No obstante, la JDBR suprimió los límites y reconoció la autonomía de las partes para negociar y pactar libremente intereses cuando en la Circular Reglamentaria DCIN-23 de 1994 estableció que la tasa de interés para préstamos externos al sector privado podía ser “acordada libremente por las partes”. Esa autonomía ha sido reiterada en las Circulares Reglamentarias DCIN-83 del 2000, DCIN-30 del 2002 y DCIN-83 del 2009, entre otras, y sigue siendo reconocida actualmente.

En paralelo, ha habido debate sobre si el régimen de tasas de interés de la Ley 45 de 1990 y los arts. 1617 del C.C. y 884 del C. de Co. aplica a los préstamos denominados en dólares otorgados a residentes en el país. En su momento, la hoy Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) sostuvo en algunos conceptos (OJ-345 de 1983 y OJ-076 de 1984) que la libertad para pactar intereses en esos créditos estaba limitada por el art. 884 del C. de Co. La Junta Monetaria acogió esa tesis en la Resolución Externa 57 de 1991 al excluir los créditos en moneda extranjera otorgados por Intermediarios del Mercado Cambiario de los límites a las tasas de interés fijados en esa resolución y afirmar que les aplicaban los límites legales (es decir, el art. 884 del C. de Co.).

Sin embargo, la SFC replanteó esa posición en el Concepto 001-812/87 al concluir que los límites del art. 884 del C. de Co. no eran aplicables a los créditos en moneda extranjera pues se definían con base en el interés bancario certificado por la SFC y esa entidad solo tenía la facultad de certificar tasas de interés del mercado colombiano.

La JDBR también revisó su posición y en la Resolución 53 de 1992 (aún vigente) estableció que los límites de los arts. 1617 del C.C. y 884 del C. de Co. solo aplican a los intereses de obligaciones en moneda legal. Para las obligaciones en moneda extranjera estableció que las tasas de interés máximas que se pueden pactar dependen de los límites que defina la Junta Monetaria bajo el art. 71 de la Ley 45 de 1990. Como se mencionó antes, a la fecha, la JDBR no ha definido límites. Esta posición revisada ha sido reiterada en varios conceptos como el JDS-28188 de 2015 y fue acogida por la SFC en el Concepto 2015081891-001 de 2015. En síntesis, se puede concluir que (i) actualmente no existe ningún límite máximo fijado por la JDBR para los intereses remuneratorios o moratorios de las operaciones de crédito denominadas en moneda extranjera celebradas entre entidades financieras del exterior con residentes en el país y (ii) las disposiciones establecidas en materia de intereses en los arts. 1617 del C.C. y 884 del C. de Co., no son aplicables a esas operaciones.

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Revisión interna de políticas y prácticas

Con estas disposiciones en vigor, las organizaciones deben alinear sus políticas de prevención del acoso con las nuevas normativas, revisando procedimientos, ofreciendo capacitaciones adecuadas y creando canales de denuncia seguros.

Responsabilidades extendidas

El artículo 12 de la Ley 2365 obliga a quienes celebren contratos de prestación de servicios a asumir las mismas responsabilidades de prevención del acoso que otras entidades, protegiendo a contratistas bajo las mismas normas que a los empleados. Así, las empresas deben garantizar un entorno libre de acoso para todos sus colaboradores, sin importar su tipo de vínculo contractual.

Ampliación del acoso laboral y sexual

Por su parte, las decisiones de las Altas Cortes han ampliado la comprensión del acoso laboral, permitiendo que ocurra fuera de la relación de dependencia tradicional. Esto obliga a las empresas a considerar todas las posibles interacciones, incluso con contratistas y clientes, al diseñar sus políticas de prevención.

En nuestra experiencia, hemos visto muchos casos de acoso, particularmente de maltrato laboral. En el ámbito de firmas de abogados y asesores jurídicos, el acoso puede ocurrir en las interacciones con clientes, quienes a menudo ejercen poder sobre los profesionales legales. Estas situaciones, que van desde comportamientos inapropiados y groseros en reuniones hasta comunicaciones persistentes con contenido inadecuado, son difíciles de denunciar debido a la relación cliente-abogado y al temor a las repercusiones económicas o profesionales que se puedan presentar. Sin embargo, esto no implica que la situación no pueda ocurrir ni que el cliente esté exento de consecuencias negativas, como sanciones y daños reputacionales. Por lo tanto, la conducta inapropiada de algún colaborador, si no es atendida oportunamente por la empresa, podría impactar negativamente en su operación.

Clarificación del vínculo laboral

Un aspecto crucial de la implementación de esta ley es la aclaración de que las medidas adoptadas no se deben interpretar como un reconocimiento de un vínculo laboral con el contratista. Este punto es esencial para las organizaciones, ya que garantiza que la protección contra el acoso no modifique el estatus contractual entre las partes, evitando así posibles malentendidos o disputas legales en el futuro.

Medidas proactivas y riesgos asociados

Dado el nuevo marco normativo, las empresas deben tomar medidas proactivas como la capacitación continua y la creación de procedimientos efectivos. Sin embargo, existen riesgos, como la percepción de un vínculo laboral implícito o una implementación inadecuada, que podría acarrear sanciones legales.

Evaluación del éxito de las políticas

La efectividad de estas políticas debe medirse con indicadores cuantitativos, como el número de denuncias y tiempo de resolución, e indicadores cualitativos, como encuestas de satisfacción y auditorías internas.

Conclusión

La Ley 2365 de 2024 y las decisiones judiciales recientes exigen que las organizaciones adopten un enfoque integral para prevenir el acoso. La protección se extiende a contratistas y otros actores, exigiendo a las empresas actualizar sus políticas y crear ambientes laborales seguros y respetuosos para todos.

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La ley laboral establece 9 maneras por las que se puede terminar un contrato de trabajo, las cuales, en algunos casos, requerirán autorización del Ministerio del Trabajo. Sin embargo, una de las que más llama la atención, es el mutuo consentimiento. Esto significa que, si se encuentra inmerso en una relación laboral de la cual ni usted ni su empleador quiere hacer parte, podrán terminar esta relación, a través de un acuerdo mutuo, dejando establecido con claridad las causas y motivos que dieron origen a esa decisión.

¿Cómo dar por terminado un contrato por mutuo consentimiento?

Entre muchas otras posibilidades, una de las que más protege a las dos partes está estipulada en el Código Civil, este es, el Contrato de Transacción, el cual, a través de un acuerdo, ambas partes ceden en sus pretensiones y se generan obligaciones mutuas. La principal característica de este contrato es que termina extrajudicialmente un litigio actual o previene uno eventual, todo lo cual, produce efecto de cosa juzgada, es decir, produce el mismo efecto que una sentencia judicial en firme.

¿Sobre qué derechos laborales se puede transar?

En materia laboral, este contrato se encuentra regulado por el artículo 15 del CST, y establece que es válida la transacción, siempre y cuando no sea sobre derechos ciertos e indiscutibles que, según la doctrina, son aquellos sobre los que no se necesita una decisión judicial para su reconocimiento.

En este sentido, si se realiza una transacción sobre derechos inciertos y discutibles, si el objetivo es terminar un conflicto actual o futuro, si, como en todo contrato, se expresa con claridad la voluntad de las partes y, si las partes ceden en sus pretensiones y se obligan de manera mutua, el contrato de transacción es completamente válido.

¿Se puede declarar nulidad del contrato de transacción?

El Código Civil, refiere que es nula la transacción que se haya realizado con dolo o violencia, o cuando al momento de su realización haya finalizado un litigio sobre las mismas pretensiones y haya hecho tránsito a cosa juzgada. De manera que, a través de una acción ordinaria se puede solicitar la nulidad en los casos en los que con toda certeza se pueda probar alguno de estos escenarios, pues ocurre que, alguna de las partes se arrepiente de haber suscrito la transacción y pretende, a través de una demanda, invalidar, incluso, su propia voluntad. Sin embargo, si el contrato estuvo revestido de todas las formalidades necesarias, el proceso judicial podría terminar de manera anticipada, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 278 del CGP, que establece que el juez deberá dictar sentencia anticipada cuando se encuentre probada la cosa juzgada.

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El comité estratégico, que se reúne semanalmente, ha comenzado a establecer planes concretos para fortalecer y avanzar en el desarrollo del clúster. Uno de los principales objetivos es la creación de una marca que identifique al clúster y fomente una mayor inclusión de empresas dentro del mismo.

La visión ampliada del clúster busca abarcar todos los aspectos del sector deportivo, no limitándose a la alta competencia, sino extendiéndose a la recreación y la salud física general. Esto incluye empresas que contribuyen a actividades como la ciclovía y otros programas que incentivan la práctica deportiva entre la ciudadanía.

Adicionalmente, se ha discutido la posibilidad de incluir a más líderes y representantes de la Cámara de Comercio en el comité estratégico, para asegurar que el impulso del clúster se mantenga y expanda, no solo en términos de integración empresarial sino también en la formalización y mejoramiento de las prácticas empresariales dentro del sector. El clúster no solo apunta a fortalecer el mercado local, sino que también tiene como fin ampliar su impacto a toda la región, destacando a Bogotá como un núcleo central de apoyo y crecimiento para los emprendedores del deporte.

El compromiso renovado con el Clúster del Deporte promete transformar significativamente el panorama deportivo y recreativo de Bogotá y sus alrededores, potenciando el crecimiento empresarial y fomentando una comunidad más activa y saludable. El proyecto se perfila como un catalizador crucial para el desarrollo económico y social en la región y, desde la práctica de Derecho Deportivo de Muñoz Tamayo & Asociados, estamos comprometidos con hacer este sueño realidad.

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No obstante, la nueva ley incluye un régimen de transición de dos años desde su entrada en vigor (1 de julio de 2025). Durante este período, las mujeres que hayan cotizado, al menos, 750 semanas y los hombres que hayan cotizado, al menos, 900 semanas, y que tengan menos de 47 años (mujeres) y 52 años (hombres), podrán optar por mantener el sistema actual o elegir el nuevo sistema establecido por la reforma. En otras palabras, estas personas no estarán sujetas a los cambios introducidos por esta ley.

Por su parte, el nuevo sistema se estructura en cuatro pilares principales:

• Pilar Solidario: Este pilar garantizará cobertura a todos los ciudadanos colombianos residentes que superen los 65 años de edad (hombres) y los 60 años (mujeres). También incluirá a personas con discapacidad que tengan más de 55 años (hombres) y 50 años (mujeres), y que presenten una pérdida de capacidad laboral del 50% o superior, además de encontrarse en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.
• Pilar Semicontributivo: Este pilar está dirigido a los afiliados al sistema que alcanzan la edad de pensión, pero no cumplen con los requisitos para recibir una pensión contributiva debido a una cotización insuficiente. La financiación de este beneficio provendrá de recursos del presupuesto general de la Nación y aportes individuales
• Pilar Contributivo: Este pilar está dirigido a trabajadores dependientes e independientes, servidores públicos y personas con capacidad económica para realizar cotizaciones que les permitan acceder a una pensión integral por vejez, invalidez o muerte. Está estructurado en dos componentes:
  • Componente de Prima Media: Cubre a personas con ingresos base de cotización entre 1 y 2.3 salarios mínimos mensuales vigentes (SMLMV).
  • Componente Complementario de Ahorro Individual: Incluye a personas con ingresos superiores a 2.3 SMLMV, financiado por la parte del ingreso base que exceda los 2.3 SMLMV hasta un máximo de 25 SMLMV. Las prestaciones se basan en el ahorro individual acumulado y sus rendimientos financieros.
• Pilar de Ahorro Voluntario: Este pilar está dirigido a aquellos que desean complementar su pensión mediante ahorros voluntarios gestionados por entidades financieras conforme a la normativa establecida

Es importante destacar que los ahorros acumulados por los afiliados en sus cuentas seguirán siendo administrados por las AFP y solo se utilizarán para el reconocimiento de pensiones. Dichos ahorros se transferirán a Colpensiones únicamente al momento del retiro pensional.

Finalmente, esta ley busca reconocer el esfuerzo de las mujeres trabajadoras y cuidadoras al otorgarles 50 semanas de cotización por cada hijo, hasta un máximo de tres hijos.

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