En Colombia, los proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero han sido bien recibidos y han permitido a las empresas cumplir con sus metas de cero emisiones. Sin embargo, a la par han surgido conflictos y litigios previsibles frente a toda innovación. El marco normativo deficiente ha dado pie a conflictos tanto al interior de las comunidades que ocupan los territorios donde se desarrollan los proyectos como entre ellas y otros actores. En simultáneo, las deficiencias han sido aprovechadas para emitir bonos de carbono sin una adecuada verificación y seguimiento.
En nuestro país, la mayoría de los proyectos están en tierras de titulación colectiva. Es decir, pertenecen a una comunidad y no a un individuo. Esto plantea un reto particular porque es la comunidad quien debe consentir y aprobar los proyectos a través de sus órganos de gobernanza comunitaria. Los conflictos surgen cuando la gobernanza comunitaria no es suficientemente robusta para afrontar las decisiones complejas que supone la adopción de los proyectos o cuando los desarrolladores del proyecto ignoran o desconocen las particularidades de la gobernanza comunitaria.
Los casos complejos obedecen a múltiples factores, como el débil diseño institucional en la gobernanza comunitaria, o a negociaciones con personas que comprometen a toda una comunidad sin estar facultada para ello. Esto ha sido especialmente cierto en los proyectos que cubren territorios donde conviven múltiples comunidades, cada una con su propia gobernanza. Allí no existe necesariamente una gobernanza intercomunitaria lo que hace que el consentimiento para desarrollar el proyecto sea más difícil de obtener. Incluso, se han visto casos donde comunidades enteras han sido marginadas de la toma de decisiones sobre sus territorios.
Para prevenir estos conflictos, los desarrolladores de proyectos deben hacer rigurosos procesos de debida diligencia sobre los títulos colectivos, las comunidades y sus sistemas de gobernanza, e identificar a todos los integrantes del proyecto. No basta con otorgar beneficios financieros a las comunidades por ser ellas las dueñas del territorio colectivo. A las comunidades hay que involucrarlas de manera integral en los proyectos, asegurando una negociación transparente con los órganos de gobernanza. Precisamente en este punto el marco normativo actual se queda corto, pues no especifica el nivel de integración de las comunidades a los proyectos y, en ocasiones, los intermediarios captan los beneficios destinados para ellas.
Otro desafío es que ciertos proyectos no se ajustan a las metodologías técnicas adoptadas por el Gobierno para estimar la deforestación evitada generando créditos de carbono inflados. Por cuenta de la debilidad institucional y de la opacidad de la información los compradores se ven en dificultades para verificar que los bonos que adquieren cumplen con los estándares. Esto deriva en que se cumpla en el papel con las metas de cero emisiones y en la realidad la generación de gases de efecto invernadero supera la compensación adquirida. Los riesgos asociados para las empresas se convierten en un desincentivo para la inversión. Además, la "doble contabilidad" y las cifras infladas generan que la pérdida sea doble pues los créditos de carbono no reflejan una real reducción de emisiones, y el Estado no recibe los impuestos sobre el carbono lo que a su vez impide el desarrollo de otros programas de mitigación.
El país requiere de un marco normativo más riguroso y de organismos de verificación más fuertes. Un hito jurisprudencial para observar será el fallo que la Corte Constitucional emita en el caso del proyecto Baka Rokarire, donde posiblemente se dicten directrices para la implementación de proyectos en territorios de comunidades étnicas lo que servirá para para guiar la regulación nacional.
