De las distintas actividades que componen el servicio público de aseo, probablemente la más crítica, desde un punto de vista ambiental, es la actividad complementaria de disposición final, realizada principalmente en rellenos sanitarios. En Colombia, muchos de los rellenos están cerca de agotar su vida útil, otros han sido objeto de controversias por graves casos de contaminación y, en la actualidad, aún existen municipios que disponen sus residuos en sitios no autorizados, tales como botaderos a cielo abierto.
El presidente Petro ha expresado que la justicia ambiental es uno de los pilares de su gobierno; para que esta afirmación no sea sólo retórica, deberá enfocar esfuerzos, recursos y proyectos para el fortalecimiento y modernización de la gestión de residuos en el territorio nacional.
Los rellenos tienen una capacidad de almacenamiento limitada, llegando al final de su vida útil cuando el cúmulo de basuras desborda su capacidad. Según datos de la Superservicios (2021), el 23,28% de los sitios autorizados en el país, incluyendo rellenos sanitarios y celdas de contingencia, cuentan con una vida útil menor a 3 años, mientras que varios ya agotaron su capacidad, situación que implica enormes riesgos ambientales y sanitarios. En el caso de Bogotá, el relleno Doña Juana recibe cerca de 6.500 toneladas de residuos diarios y 2.5 millones al año, provenientes de la capital y de municipios aledaños. Según estudios de la UAESP, la vida útil del relleno está llegando a su fin.
Por otra parte, varios rellenos han sido objeto de denuncias por parte de las comunidades, por afectaciones a la salud y a los recursos naturales. Un caso relevante es el relleno Loma Grande, ubicado en la ciudad de Montería y operado por Urbaser S.A. E.S.P., frente al cual se han presentado denuncias relacionadas con el vertimiento de lixiviados y se han iniciado procesos sancionatorios, una acción popular e incluso un proceso penal. En abril de 2022, el Tribunal Administrativo de Córdoba decretó una medida cautelar, consistente en la suspensión de vertimientos al caño “El Purgatorio”, luego de lo cual el Ministerio de Ambiente se vio obligado a asumir competencia sobre el proyecto. En febrero de 2023, el Juzgado Segundo Penal de Montería ordenó el cierre temporal del relleno.
Finalmente, todavía existen municipios que realizan la gestión de sus residuos en sitios no autorizados, debido a que no cuentan con un relleno sanitario. Tal es el caso de Mitú, capital del Vaupés, que actualmente realiza la disposición final en un botadero a cielo abierto, lo cual, por supuesto, le imposibilita llevar a cabo una gestión adecuada, integral y en cumplimiento de las exigencias técnicas y legales.
El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, por medio de su artículo 227, creó el Programa Basura Cero, que busca articular al Gobierno Nacional, entidades territoriales, empresas de servicios públicos y sociedad civil, incluyendo población recicladora. El programa está dirigido en la dirección correcta: reducir el enterramiento de residuos, dando prioridad a su tratamiento, aprovechamiento y valorización a través de alternativas tecnológicas, y eliminar los botaderos a cielo abierto y las celdas transitorias, objetivos que, en conjunto con el desarrollo de proyectos para la construcción y ampliación de rellenos y la gestión de basuras desde su origen, permitirían al Gobierno prevenir una crisis sanitaria y, simultáneamente, avanzar en su objetivo de materializar la justicia ambiental.
Muchos están cerca de agotar su vida útil, otros han generado graves casos de contaminación.
